La diligencia que estaba programada para horas de la mañana de este miércoles, terminó pospuesta por orden del Juzgado 30 de Control de Garantías.
Durante la transmisión de la audiencia virtual realizada por el Juzgado 30 de Control de Garantías, la juez encargada pidió la cancelación de la diligencia, debido a que, por una serie de inconvenientes, el proceso en el que se decide si el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa en prisión domiciliaria o no, tendría que suspenderse.
La juez pidió el aplazamiento de la diligencia ya que considera necesario escuchar de forma detenida los argumentos presentados por parte de la defensa del expresidente Uribe, así como de las personas que están vinculadas a la investigación y que figuran como víctimas en todo el proceso.
Habiendo suspendido la transmisión de la audiencia virtual, la juez Clara Ximena Salcedo acordó que la fecha de reanudación de la misma estuviera programada para el próximo martes 22 de septiembre. Salcedo tomó la decisión luego de escuchar atentamente la defensa presentada por el abogado Jaime Granados, quien representa los intereses del exmandatario.
Granados sostuvo en la primera parte de la audiencia que, tras el traslado de la investigación desde la Corte Suprema de Justicia hasta la Fiscalía General de la Nación, las razones iniciales por las que se ordenó poner en custodia al expresidente Uribe habían desaparecido, por lo que es necesario que se suspenda la medida cautelar para que su cliente pueda defenderse de forma justa.
Uno de los ejes principales de la discusión se centró en definir si el proceso contra Uribe debía mantenerse bajo la Ley 600 del año 2000, tal como lo han expresado las víctimas en el proceso, o si este debe trasladarse a la Ley 906 de 2004, que podría significar la libertad del líder del Centro Democrático.
Mientras la jueza de Garantías analiza la forma en que procederá respecto a una posible decisión que deje en libertad al expresidente Uribe, el senador Iván Cepeda ha comentado abiertamente en varios medios de comunicación que la única decisión justa que se puede dar en el escenario actual es que se ratifique la detención domiciliaria mientras la investigación siga en curso.
