En la última semana el periodista Carlos Cortés publicó en su cuenta de twitter el borrador del artículo 246A, que tenía como alcance: la “suspensión de direcciones IP, URL, cuentas de correos electrónicos o perfiles de redes sociales” de usuarios que hayan cometido delitos usando medios tecnológicos. Este decreto, se establecería como medida cautelar durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria por COVID-19, y la determinación del delito estaría a disposición de un juez de la República, después de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que usando cierta dirección IP, URL y redes sociales se cometieron delitos cibernéticos.

Esta preocupante situación no tuvo mayor revuelo en redes sociales, ni al interior del Congreso de la República, pues para algunos “solo fue un borrador” de un artículo que nunca salió a la luz. Sin embargo, la congresista Katherine Miranda encendió la alarma de usuarios de twitter, denunciando que este decreto pretendía callar a la oposición, cuestión que aún no ha sido aclarada por el gobierno de Iván Duque.

A vuelo de pájaro podríamos decir que este artículo beneficia la seguridad cibernética y controla el accionar delictivo que se pueda ejecutar por medios tecnológicos; entonces ¿por qué Katherine Miranda cree que este artículo podría callar a la oposición? Tratemos de desenredar la pita.

Primero me quiero referir a que es un gran alivio que el artículo 246A, no hubiera sido aprobado y hoy lo conociéramos sólo como un borrador; sin embargo, es preocupante el hecho de que se redacte un decreto presidencial que pueda vulnerar los derechos a la libre expresión y a estar comunicado, y elimine las interacciones sociales que, en este tiempo de pandemia, solo pueden ser virtuales.

Este artículo, de haber estado en un escenario de aprobación, habría ido en contravía de la constitución nacional, específicamente del artículo 20, que estipula que en Colombia: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

La promesa del gobierno en este borrador anticonstitucional era clara, se habría hecho justicia ante los crímenes cibernéticos al descubrir que un ciudadano fuese culpable; y el precio a pagar, entre otros castigos, hubiera sido la censura y la limitación al acceso de información. Sin embargo, la efectividad de la promesa de justicia sería dudosa, pues uno de los mayores retos y más difíciles que ha tenido que afrontar el gobierno nacional ha sido mantener a salvo la seguridad cibernética de los colombianos, así lo demuestra el documento: Tendencias del cibercrimen Colombia 2019-2020, donde se reporta que uno de los retos más grandes para el gobierno es combatir el delito de cibercriminalidad, que para el 2019 tuvo un incremento del 54% en el número de incidentes con respecto al 2018, y 48 billones de intentos de ciberataques en el país, los cuales fueron dirigidos a la banca y a empresas nacionales.

Es ingenuo pensar que un artículo de un decreto presidencial pueda tener la intención de proteger en su totalidad a la población que tiene acceso a la web, ya que como lo vimos antes, el gobierno nacional no tiene la capacidad de acción para enfrentarse a este tipo de criminalidad. Entonces ¿cómo haría el gobierno nacional para hallar a los culpables de estos delitos?

Aquí es donde entra la denuncia de la congresista Katherine Miranda al ver este borrador como una forma de persecución a la oposición, pues se estarían legalizando las chuzadas a personas que al oponerse al gobierno actual serían las principales sospechosas. Es decir, por decreto presidencial se montaría todo un sistema de vigilancia para la oposición, militantes de partidos de oposición, y personas que no están de acuerdo con el gobierno Duque, quienes serían los que cumplirían el primer requisito para ser investigados.

Sería este un “nuevo orden” que pone como escudo al Covid-19 para hacer esa “jugadita” de censura, que desemboca en una forma de totalitarismo y control de nuestras vidas en las plataformas virtuales, a través de sistemas de espionaje que al mejor estilo pandémico necesitan una constante vigilancia de cada casa, de cada habitante de la ciudad, de cada movimiento para categorizar a los ciudadanos entre peligrosos o indefensos, entre ciudadanos de bien o malos muchachos.

En Colombia ya hemos sido testigos de escándalos que exponen la seguridad virtual de un grupo específico de la población, pues de forma ilegal se han implementado métodos de seguimiento cibernético que aún están siendo investigados. Puedo citar algunos casos recientes: la investigación que se abrió en el 2019 a las chuzadas ilegales por parte de la fiscalía a facilitadores y negociadores de la mesa de paz en La Habana, y la denuncia que hizo este año la revista Semana sobre casos de perfilamientos e interceptaciones ilegales, que se generaron desde las oficinas del Ejército Nacional, en las que, como lo dice Semana, se realizaba espionaje a organizaciones sociales, líderes políticos de la oposición y periodistas.

El borrador de este decreto pone sobre la mesa una serie de interrogantes que articulan derechos constitucionales, seguridad, libertad de expresión y pandemia; y deja en el aire cientos de preguntas. Pero quiero saber ustedes qué piensan: ¿somos dueños de nuestra libertad?

Categories: COLUMNAS