Cámara de representantes de Estados unidos aprobó un proyecto de ley en el que se prohíben que los fondos donados por el país norteamericano sean usados para la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia y también bloquea la venta de armamento y entrenamiento para la Unidad Antimotines (ESMAD).
Con este proyecto, parlamentarios estadounidenses piden al Estado y al Ministerio de Defensa que les sea entregado un informe de los próximos 180 días en donde se evalúe la situación actual de los derechos humanos en Colombia en relación a las muertes que se dieron en medio de las jornadas del pasado paro nacional y en lo que va corrido de este año.
El proyecto en cuestión es el Acto de Autorizaciones para la defensa Nacional que establece los parámetros que se deben seguir para los gastos que tengan relación con seguridad y defensa. Estas disposiciones fueron introducidas por la representante a la cámara Alexandria Ocasio-Cortez y aprobadas por la plenaria de cámara dentro de un gran paquete de enmiendas que se le incluyeron al paquete.
“Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo a regímenes abusivos en Sudamérica y Medio riente para servir a nuestros propios intereses, pero parecemos de alguna manera conmocionados y confundidos cuando los refugiados de estos lugares apareen en nuestras fronteras en busca de asilo debido a las condiciones inhumanas que ayudamos a crear”, expresó la representante Alexandria Ocasio-Cortez.
Este proyecto aún tiene bastante camino por recorrer, pues en el Senado también avanza su propio proyecto y aun no se tiene claridad si este incluirá enmiendas semejantes al que se presentó en la cámara. El proyecto deberá ser sometido a más debates y de ser aprobado en la Cámara Alta se tendrá que debatir para ser armonizada con la Cámara baja.
No es la primera vez que la representante Ocasio-Cortez presenta proyectos similares a este, pero el año pasado terminó siendo eliminado por la Comisión de Conciliación, en donde se encargan de limar asperezas y a lo largo pueden ir cambiando algunas cosas, todo esto gracias a la presión que ejerció el Gobierno de Colombia y algunos aliados en el Congreso.