Debido al aumento de ataques violentos en varias zonas del país, las comunidades campesinas y organizaciones sociales del Catatumbo diseñaron un documento que se espera sea expuesto al Gobierno Nacional y los grupos armados ilegales de la zona, a través de la Comisión de Paz del Senado de la República, el Gobernador Silvano Serrano y la Comisión Diocesana.

En el documento se establecieron unos mínimos humanitarios para que se garanticen a los campesinos condiciones mínimas para que permanezcan en sus territorios, y con el que se apuesta a lograr una humanización de la guerra en la región del Catatumbo, evitando que los pobladores se vean afectados de forma indirecta por el conflicto armado.

Uno de los protagonistas de ambiciosa iniciativa es el expresidente y Secretario General de la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR) Ernesto Samper, quien participó en varios diálogos con la comunidad por medio de la Mesa Humanitaria del Catatumbo, promovida por la fundación Vivamos Humanos.

Samper expuso el interés principal de promover un cese multilateral del fuego por parte de los diferentes actores armados que hacen presencia en un territorio, debido a las propias condiciones del Catatumbo y la extensa producción de coca que existe en la región, aproximadamente unas 150 mil hectáreas, sumado a las facilidades que ofrece al ser un paso fronterizo con Venezuela.

”A partir de la reunión de la Mesa Humanitaria del Catatumbo surgió la siguiente propuesta de acuerdo humanitario para humanizar el conflicto que azota a la región y del que es urgente sacar a la sociedad civil. #AcuerdoHumanitarioEnCatatumboYa” mencionó Samper a través de su cuenta de Twitter.

Samper señalo también que ningún miembro de la Mesa Humanitaria del Catatumbo es firmante del acuerdo ni es parte activa del conflicto, por eso la propuesta está dirigida a los actores legales e ilegales, a la vez que reiteró que la iniciativa es fruto de la convergencia de voluntades de alcanzar la paz, la tranquilidad, la armonía y la reconciliación en la zona.

Entre los mínimos humanitarios más importantes que exige la comunidad campesina se encuentra el no afectar a la población civil de forma directa o indirecta, no declarar objetivos militares a las comunidades, no ocupar escuelas ni iglesias o algún espacio público del estado.

De igual manera, la comunidad pidió de manera tajante el detener la instalación de minas antipersona, eliminar el reclutamiento de niños y adolescentes, no limitar la movilidad de las personas en los territorios, ni sus fuentes de ingreso y alimento, y el respeto por las misiones médicas, las cuales se han visto afectadas notablemente en las zonas.

Las Organizaciones sociales del Catatumbo aprovecharon la sesión de la mesa para presentar un desolador informe sobre el fuerte impacto que ha producido la guerra, donde se dieron a conocer cifras de asesinatos de líderes sociales, campesinos, crímenes a desmovilizados de las FARC y personas afectadas por los fenómenos de desplazamiento como consecuencia de la violencia en la región.

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