Tras varias semanas de constantes discusiones sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez y donde debe quedar la competencia de su proceso, si entre la Fiscalia (Rama Judicial) y la Corte Suprema de Justicia, finalmente fue tomada una decisión que definirá el rumbo del expresidente.
La orden de detención en su domicilio al expresidente Álvaro Uribe, ha sido uno de los hechos judiciales más mediáticos de los años recientes en el país, esto debido a la naturaleza de las acusaciones que pesan en su contra, las cuales lo vinculan de uno u otro modo con el mundo del paramilitarismo.
A pesar de que la detención en su contra fue ordenada inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, la reciente decisión de trasladar el proceso a la justicia ordinaria ha generado una constante polémica en el mundo político, especialmente entre los opositores que vislumbran un supuesto plan del exmandatario para quedar impune.
Para buena noticia de los opositores este miércoles se conoció que el destino judicial del exmandatario cambiará nuevamente de dueño, pues deberá ser la Corte Suprema de Justicia misma la que tome la siguiente decisión dentro del caso. El alto tribunal deberá aclarar bajo qué ley debe la Fiscalía proceder contra Uribe, si la 906 de 2004 o la ley 600 de 2000.
Este nuevo paso en el caso Uribe se dió gracias a la decisión de la Jueza de control de garantías que recibió el proceso, quien a pesar de tener claridad que la ley con la que debe proceder es la 906, afirmó que debe ser la Corte Suprema la que confirme cual debe ser el modo adecuado. Cabe recordar que el alto tribunal se encontraba juzgando a Uribe con la ley 600.
“La solución puede estar en la identificación de los supuestos legales bajo los cuales se hace aplicable un régimen procesal u otro(…) Desaparecido el fuero constitucional con su renuncia (Uribe al Congreso), cobra nueva validez la aplicación de la Ley 906 de 2004”, aseguró la funcionaria.
