Vivir en un Estado Social de Derecho, supone tener un régimen político democrático, donde los ciudadanos participan de manera libre e informada en los asuntos de interés nacional, también supone igualdad ante la ley y el deber de los gobernantes de trabajar por el bienestar del pueblo, rendir cuentas y responder por sus actos ilícitos cuando son cometidos; ante la opinión pública y la justicia, pero en macondo (Colombia) esto no sucede.
Desde la instauración de la república, hace más de 200 años, los funcionarios públicos han hecho de la función pública una herramienta para endiosar sus egos, lograr privilegios y establecer una relación con el ciudadano contraria a la lógica de la democracia, pero sí, muy similar a las formas de organización propias de la edad feudal, una relación de duques y siervos.
No es extraño este fenómeno, si se tiene en cuenta que en Colombia quienes han accedido y se han mantenido en el ejercicio del poder político, son las mismas familias que se apropiaron de las tierras y la riqueza del país. Por supuesto, esta clase se ha venido engrosando a través de los siglos, con despojadores de tierras, narcotraficantes, y uno que otro colado regional que de vez en cuando logra entrar a este macabro grupo conocido como: “los dueños del país”.
Solo en Colombia nadie se ruboriza cuando se habla de “los dueños del país”, en cualquier nación democrática esto sería un escándalo, pero en Macondo no, esto data de nuestra pobre cultura política y débil democracia.
Es “normal” ver al ciudadano detrás del funcionario público, llámese Alcalde, Senador, Gobernador o Concejal, suplicando para que lo escuche, que atienda una queja o resuelva un problema, que por obligación y competencia constitucional está obligado a resolver.
El servidor público, es una persona que desempeña una labor de servicio a la ciudadanía, un empleado de la ciudadanía que además es pago con los impuestos y rentas de la nación; pero es común ver como el funcionario público desde la recepción hasta la presidencia, siente que no debe explicaciones a nadie, que no tiene obligaciones con nadie, porque se cree un Duque, con su pequeño ducado y los ciudadanos que llegan allí, deben comportarse como siervos para obtener sus favores y benevolencia. Esta lógica es un común denominador en la administración pública, ciudadanos y funcionarios la conocen y aplican todos los días.
Muchos se preguntarán ¿Cómo llegamos esto?
Desde que se instauró la república, el Estado fue usado por la dirigencia para conseguir privilegios, apoderarse de las rentas públicas y cometer todo tipo de injusticias y abusos contra las gentes humildes que se atrevían a exigir sus derechos, es decir; el Estado de Derecho y luego el Estado Social de Derecho, que se supone traería la justicia, el bienestar social y la paz, se convirtió en una herramienta de privilegios e injusticias desde su fundación hasta nuestros días.
Son siglos de ignominias, el ciudadano comprendió hace mucho tiempo que el Estado no es una cosa de todos, ni está al servicio de todos. La gente sabe que todas esas instituciones tienen dueños, que el fiscal está allí por ser amigo de Duque, que Duque está allí por ser el de Uribe, que Uribe está ahí porque es el de Sarmiento, y así podemos hacer una lista de los dueños del Estado.
Cuando el ciudadano se acerca, cabizbajo, hablando pasito, en tono de súplica al funcionario público, lo hace bajo esta comprensión, que el Estado es privado, que quién está en ese cargo no es un funcionario de la ciudadanía, sino del dueño de la institución, y como es un negocio privado la gente no exige derechos, sino que pide favores y paga por ellos.
Por supuesto, una estructura tan grande burocráticamente necesita capataces, y así muchos arribistas son elevados a altos cargos, con la condición de servir con obediencia y lealtad a los designios de los poderosos.
El fiscal general y el contralor son un claro ejemplo de esto, ellos no entraron a la función pública a servir, entraron a ganar privilegios, a hacer billete como se dice popularmente. Ahí están, haciendo todo lo contrario a sus funciones, usando sus cargos para irse de paseo a San Andrés, persiguiendo a quienes desafían las leyes no escritas de sus patrones, y mostrando los dientes a la ciudadanía que les exige una única cosa, que cumplan su función pública, que sirvan al público.
Este país va a cambiar cuando nosotros entendamos que ser ciudadanos es ante todo, no dejarse pisotear la dignidad de nadie, y menos si uno es el que les paga el sueldo, como es el caso del fiscal, el presidente, la cónsul o el alcalde.
