En el diario El Espectador, en la sección de opinión han dedicado un espacio para uno de los funcionarios más polémicos del país, el fiscal Gabriel Jaimes, quien ha estado encargado de sepultar las denuncias e investigaciones que ha hecho la justicia en contra del uribismo. Yohir Akerman, columnista, cuenta lo que alrededor de 10 años o más ha venido haciendo Jaimes desde que se desempeñaba en la Procuraduría.
Cuenta sobre el caso de las “chuzadas” del DAS, y de cómo la justica 13 años después de este casó logro llegar, ya que en primer fallo habían declarado inocentes a los exsecretarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a 63 meses de cárcel al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exsecretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, por el delito de concierto para delinquir.
También encontraron que existió una actividad ilegal que involucró a Del Castillo y a Velásquez para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, conocida por confesar que entregó su voto para la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006 a cambio de prebendas y beneficios. En esta columna, para entender ese macabro plan fraguado en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, lo mejor es hacer una bitácora de la penúltima semana de abril de 2008.
En ese testimonio, Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe le compró su voto para el trámite legislativo que permitió su reelección en 2006. Producto de la investigación de Coronell, no sólo fue condenada por cohecho Yidis Medina, sino también Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, exministros del gobierno de Uribe.
Los informes sobre las declaraciones de Yidis Medina, realizados por la entidad extinta DAS, eran recibidos por César Mauricio Velásquez. La entonces directora del DAS coordinó una reunión entre César Mauricio Velásquez y el capitán Jorge Alberto Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS, para entregarle información confidencial obtenida sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema a Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos, falsamente, con un escándalo de narcotráfico.
Lagos fue a la Casa de Nariño, se encontró con Velásquez y le entregó información, pues se sabía que la Corte iba a arrestar al primo del presidente, Mario Uribe Escobar, en cualquier momento. Según el capitán Lagos, Gaviria y Velásquez solicitaron tener copia de los documentos obtenidos de manera ilegal. Al día siguiente capturaron al senador Mario Uribe, quien intentó fugarse del país solicitando asilo político en la Embajada de Costa Rica. Mario Uribe fue enviado a prisión por sus nexos con grupos paramilitares.
Lo hicieron para reunirse con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, personas de confianza de Álvaro Uribe. Los representantes de los paramilitares mostraron unas grabaciones con las que pretendían ensuciar al magistrado Iván Velásquez y, de esta manera, ayudar a Presidencia a desprestigiar los procesos por parapolítica.
A cambio, la tarea de alias Job y del abogado de Don Berna era convencer a los secretarios de Uribe para que el primer mandatario no firmara la extradición del jefe de la Oficina de Envigado. Como se ha documentado en esta columna anteriormente, el director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, aseguró ante la Fiscalía que lo importante del encuentro entre paramilitares y los secretarios del presidente fue que la intención de dicha reunión era afectar al magistrado Iván Velásquez.
Fue el mismo César Mauricio Velásquez, según los relatos de los testigos, el encargado de visitar la UIAF para recoger pruebas ilegales de las cuentas bancarias de los magistrados de la Corte. Todo, por investigar al primo del presidente Uribe y la parapolítica.
Al final de esa semana, César Mauricio Velásquez filtró la información de inteligencia obtenida de forma ilegal, puesto que no existía orden judicial, sobre los movimientos de los magistrados en la reunión que tuvieron en Neiva en 2006, con el propósito de vincularlos falsamente con narcotráfico.
Pese a toda la evidencia sobre estas reuniones y el plan de espionaje a los exmagistrados Yesid Ramírez Bastidas, César Julio Valencia Copete e Iván Velásquez, Alejandro Ordóñez, como procurador General, absolvió a César Mauricio Velásquez en el 2009 y a Edmundo del Castillo en el 2012.
Cada uno en su respectivo momento, Velásquez en 2009 y Del Castillo en 2012, salió con el fallo del Ministerio Público a atacar la investigación penal, estableciendo que su absolución por parte de la Procuraduría demostraba su inocencia. Ese funcionario, que ignoró todas las pruebas que ahora tomó el Tribunal Superior de Bogotá para declarar culpables a César Mauricio Velásquez y a Edmundo del Castillo, es el mismo que hoy en día, como fiscal, está pidiendo precluir el caso de soborno a testigos y fraude procesal a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fuente El Espectador.
