El Gobierno del Cambio en Colombia ha logrado un notable hito al obtener un respaldo unánime para una iniciativa que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección. El proyecto de acto legislativo, que había sido presentado por el Ministerio de Agricultura en agosto de 2022, fue aprobado en el último de ocho debates por la Cámara de Representantes.
El respaldo fue de una contundencia absoluta, con 149 votos a favor y ninguno en contra, reflejando la importancia que esta medida tiene para la nación sudamericana. Este acto legislativo modifica el artículo 64 de la Constitución Política del país, instaurando explícitamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Más aún, en el texto aprobado se reconoce a los campesinos como sujetos políticos.
Jhenifer Mojica, Ministra de Agricultura, describió la aprobación de la medida como una victoria para los campesinos colombianos. En sus palabras, expresó su gratitud a las organizaciones y al movimiento campesino por su resistencia y trabajo duro para lograr este resultado. “Gracias a las organizaciones, al movimiento campesino y a la resistencia campesina que dieron este resultado después de mucho trajinar y de tanto trabajar por esto. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas”, dijo Mojica.
Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Gustavo Petro prometió reconocer los derechos de los campesinos. La Ministra Mojica resaltó este compromiso afirmando: “Desde el primer momento del Gobierno de Gustavo Petro se dijo que se le iba a reconocer al campesinado sus derechos y hoy aquí lo hemos cumplido”.
Esta decisión por parte del Congreso de la República corrige una histórica omisión que los campesinos colombianos han reclamado desde la promulgación de la Constitución de 1991. Su aprobación fue celebrada por representantes del movimiento campesino que acudieron al Congreso desde diferentes lugares del país, y marca un precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de los campesinos en Colombia. Sin duda, es un paso importante hacia la inclusión y protección de una población que juega un papel fundamental en la economía y sociedad del país.
