La CIDH presento ante la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), el caso del hombre reportado como desaparecido, Arles Edison Guzmán, el pasado 30 de noviembre del año 2002 en la ciudad de Medellín tras la Operación Orión. Según el registro entregado a la CIDH todo parece indicar que Guzmán fue sacado a la fuerza del lugar donde estaba por dos personas que se identificarían como paramilitares.

Según la CIDH indicó que los familiares el desaparecido habrían realizado una serie de denuncias y nunca obtuvieron respuesta por parte del Estado y añadido a esto tampoco se adelantaron operaciones para ubicar a Guzmán ni para investigar a fondo las causas de su desaparición.

El organismo de control dejó en evidencia que la operación hecha en el 2002 es “una clara muestra de las relaciones existentes entre los grupos paramilitares y el Ejército nacional”. Por esta razón la Corte IDH establecerá un juicio en contra del Estado colombiano por su presunta relación con grupos paramilitares.

“El control de la zona por grupos paramilitares en ese año fue posible justamente por medio de la ejecución de la Operación Orión, ocurrida a finales de octubre de 2002, semanas antes de la desaparición de la víctima. En el marco de dicho operativo se perpetraron graves violaciones de derechos humanos. La operación fue una clara muestra de las relaciones existentes entre grupos paramilitares y el Ejército nacional”, señalan en el documento.

Además, argumentan que esta investigación fue cerrada en el año 2004 aun sin haber agotado todos los recursos y alternativas para esclarecer este caso de evidente desaparición forzada. “Hasta la fecha transcurrieron casi 17 años, y las diligencias promovidas para juzgar a todos los responsables y determinar el paradero de la víctima son escasas”, expresan.

Con base en las declaraciones hechas por la CIDH, la organización concluye que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

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