El 11 de julio de este año la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales publicó en sus redes sociales un video en el que Shaira, una activista trans y trabajadora sexual, habló sobre las consecuencias negativas que las medidas de aislamiento trajeron a su trabajo. El video explica cómo el gremio de trabajadoras sexuales tuvo que “reinventarse” usando la virtualidad como alternativa para prestar sus servicios. La nueva forma de trabajo a la que muchas se acogieron como método para mitigar la crisis económica, es conocida como «modelo WebCam», y hace parte de un plan piloto que la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales está poniendo a prueba para estudiar una posible migración de una parte de la población de trabajadoras sexuales al mundo de la virtualidad. La iniciativa tiene el apoyo del SENA, FENALCO y la secretaría de TIC.
Este video tuvo reacciones divididas por parte de diferentes sectores sociales. Hasta la misma Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto, enviando una alerta a la Alcaldía de Manizales en la que argumenta su preocupación por una presunta «promoción del delito de inducción al comercio carnal o prostitución en una campaña de redes sociales». En el comunicado, la Procuraduría citó el artículo 213 del código penal, el cual condena el delito de proxenetismo, que en Colombia se entiende como la incitación de una persona a la prostitución para el lucro de un tercero.
La reacción de la Procuraduría ante este video fue apresurada; emitieron un concepto sobre el video citando un artículo del código penal, que es irrelevante para el caso. El video que hizo público la Secretaría no es comercial, por lo tanto no vende un producto; tampoco invita a que más personas se sumen a esta actividad económica y mucho menos promociona a las trabajadoras sexuales con fines de lucro para la Secretaría o cualquier funcionario de esta.
El video es una iniciativa que reconoce el trabajo sexual como una actividad económica que se realiza en la informalidad y de la cual viven muchas personas, en condiciones precarias. Cambiar la forma como se prestan los servicios de prostitución, de lo presencial a lo virtual, es un paso en el que se contemplan vacíos que históricamente han existido sobre el reconocimiento de la prostitución como un trabajo. Un trabajo estigmatizado y estructuralmente violentado, en especial cuando la labor la ejercen personas que identifican su género en alguna de las letras LGBTI.
Cuando la Secretaría evaluó las alternativas que tienen las trabajadoras sexuales para trabajar en tiempo de pandemia, se encontró con que los servicios de prostitución de forma virtual podrían minimizar los riesgos que corren las trabajadoras a diario. En entornos urbanos las trabajadoras sexuales han sido sujetos violentados por diferentes actores, entre ellos la policía. La Red Popular Trans ha realizado varias denuncias al respecto, por ejemplo: La agresión de un policía a una mujer trans en cercanías del parque Bolívar de Medellín el 17 de marzo; y el desalojo del espacio público de un grupo de trabajadoras sexuales trans en la localidad Santa Fe en Bogotá el 20 de junio, en medio de un escenario de golpes y hasta disparos.
Según Sisma Mujer, en el primer trimestre de confinamiento el control oficial del espacio público ha estado monopolizado por la policía. Esto ha generado que se configuren relaciones asimétricas entre hombres y mujeres al ser una institución altamente machista. Como consecuencia de esto, a las mujeres se les minimizaron los espacios públicos de participación y convivencia que habían conquistado, privándolas de derechos fundamentales como el trabajo, que en el caso de las trabajadoras informales las deja a la merced del hambre, la desesperación y el suicidio como es el caso de Luz Adriana Upegui, una joven que vendía tinto en el parque Berrío de Medellín.
Existen diversas y complejas problemáticas en el trabajo sexual que se unen a vacíos jurídicos y a la ausencia de reconocimiento de derechos humanos para las personas que ejercen esta labor. A lo anterior se le suman los problemas económicos que han atravesado el 2020, ante los cuales las trabajadoras sexuales se han unido y, por medio de la autogestión, han tratado de superar. Han sido largos y difíciles meses que no han llevado clientes a Las Guapas, ni a ningún otro sector de tolerancia. Es por esta razón que la iniciativa de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales es sostenible.
Por fortuna para la Secretaría y para las trabajadoras sexuales, que durante la pandemia o de forma permanente quieren migrar al trabajo virtual, el viernes 24 de julio la Procuraduría General de la Nación envió una carta dirigida a la doctora Matilda González Gil, secretaria de la mujer y equidad de género, en la que considera acertada la política pública que esta Secretaría viene ejerciendo para dignificar el trabajo sexual, pues está armonizada con el plan de desarrollo de la ciudad de Manizales. La Procuraduría le quitó el palo en la rueda a la Secretaría de las Mujeres de Manizales, y se comprometió a trabajar de la mano de la Alcaldía y de la Secretaría por el bienestar de las comunidades históricamente vulneradas; sin embargo dejó clara su preocupación por una posible propagación de trabajadoras sexuales. ¿Será que es suficiente un video informativo para que se extienda el trabajo sexual?, o más bien existen razones históricas e individuales que hacen que las personas decidan prestar estos servicios.
Es claro que la preocupación de la Procuraduría no está encaminada a la protección de esta población, más bien está relacionada con el reforzamiento de la estructura moral arcaica en la que está parada Colombia, donde prefieren tapar el sol con un dedo antes de hacerle frente a la realidad y garantizar los derechos a las trabajadoras sexuales.
El proyecto que propone la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género en Manizales es acertado; sin embargo la prestación de servicios sexuales, bajo la figura de «modelo WebCam», deja varios desafíos para Colombia. En nuestro país aún no tenemos la capacidad para combatir la cibercriminalidad, esto significa que la Secretaría, con apoyo de la Procuraduría, tendrán que pensar en la seguridad cibernética para las trabajadoras, a su vez capacitarlas para que no caigan en nuevas formas de proxenetismo. También se deben contemplar maneras de proporcionar computadores y asegurar la cobertura a internet de las modelos WebCam. Como vemos es un gran reto el que propone la Secretaría, y al cual deben unirse todas las ramas del poder.
