El abandono estatal históricamente ha afectado a municipios y departamentos de forma particular, ignorándolos y empobreciéndolos económica y culturalmente. Este se establece de forma localizada y sistemática, y afecta con determinación a comunidades damnificadas por sucesos coyunturales que cambiaron las características del territorio y las costumbres de sus habitantes. Como ejemplo de esto me podría referir primero a las comunidades expuestas a la actividad extractivista que afecta directamente los recursos naturales de las regiones. Este tipo de actividades obliga a las personas a cambiar sus hábitos, crea territorios estériles e influye en las actividades económicas de la región, las cuales son dependientes de las minas. Segundo, a los territorios ocupados como consecuencia del desplazamiento forzado, donde en algunos casos predomina la presencia de grupos armados que se apropian del territorio e imponen nuevas formas de relacionamiento, desarrollo y preservación de la cultura.
El abandono institucional es un problema histórico que vulnera los derechos humanos al olvidarse de las comunidades, quienes sobreviven como pueden, en espacios sin agua potable, con un alto déficit en el sistema de salud y de educación, y con un nulo o inexistente acceso a la comunicación. Este problema obliga a las comunidades a aplazar las cuestiones políticas y sociales que están relacionadas con los territorios y sus habitantes, impidiendo el óptimo desarrollo de líderes y representantes para los comités de veeduría, administración y ejecución de recursos para las regiones. Son comunidades víctima de empresas privadas, grupos armados legales e ilegales y por supuesto del Estado, que históricamente las ha ignorado y relegado, escondiéndolas del turismo por no tener nada lindo que ofrecer, pero que nunca olvida en campañas políticas.
El abandono institucional está directamente conectado con el encubrimiento que han protagonizado los gobiernos a diferentes formas de saqueo a las regiones. Según un estudio de Transparencia por Colombia sobre corrupción, realizado en el periodo 2016 – 2018, encontraron como uno de los hallazgos más importantes que el 69% de los hechos de corrupción que ocurren en Colombia son de alcance municipal, pues los municipios son las entidades territoriales donde se hace mayor inversión. Una mina de oro para los corruptos que con las décadas hemos normalizado, hasta el punto de justificar los robos según cantidades, destinos y posiciones políticas. Los actos de corrupción no tienen absolutamente ninguna justificación, pues así como benefician a pocos políticos y contratistas públicos, afectan a millones de personas, las más pobres, quienes viven en las zonas más alejadas y estériles del país.
Durante la pandemia en alcaldías y gobernaciones se han presentado ridículos sobrecostos para atender la emergencia. Según la revista Dinero, la procuraduría abrió más de 800 procesos disciplinarios a 396 alcaldías, 27 gobernaciones y ya suspendió a 7 alcaldes. Se descubrió que parte del presupuesto para atender la crisis por Covid-19, fue destinado a la celebración de contratos que serían adjudicados a financiadores de campañas políticas. Esto sin hablar del apoyo del Gobierno a bancos y grandes empresas, en vez de preservar el bienestar de los más necesitados quienes como única forma para solucionar sus problemas tienen el rebusque, el cual por estos días no es una opción.
En mayo de 2019 Transparencia por Colombia publicó la investigación: «Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018». La corporación realizó un monitoreo a medios de comunicación entre enero de 2016 y julio de 2018, donde encontraron 207 hechos de corrupción registrados en las noticias de los medios evaluados. Estos hechos de corrupción alcanzaron la suma aproximada de $17.9 billones de pesos, los que fueron destinados en un 73% a la celebración de contratos amañados. Esta distribución de presupuesto afectó en mayor medida a los sectores de: Educación, Infraestructura y Transporte, y Salud.
Vemos cómo el abandono estatal no es un acto inocente, y está ligado a relaciones de poder, cuidando sus propios intereses, que pasan por encima del bienestar colectivo y desvalijan regiones enteras. Ejemplo de esto es el corregimiento de Tasajera en el municipio Pueblo Viejo, departamento de Magdalena, el cual conocimos esta semana como protagonista de una tragedia que solo en un pueblo estatalmente abandonado puede darse. Si analizamos lo sucedido, no es posible que más de ochenta personas provenientes de un mismo corregimiento, estén listas para saquear carros y camiones, si el tema de fondo no es de hambre, pobreza y falta de educación; es decir: un tema propio de abandono estatal. De Tasajera se sabe que es un corregimiento pobre, en el que reina la corrupción y el abandono institucional, en el que las personas prefieren arriesgar su vida para conseguir gasolina o cualquier cosa que les genere una ganancia. Esto sin mencionar el déficit en el sistema de salud del corregimiento, pues muchos de los sobrevivientes a la explosión eran positivos para Covid-19.
El mensaje que quiero plantear es claro. Más allá de la indignación por redes sociales en donde se rechazan estos actos delictivos por parte de la población, deberíamos indignarnos por las razones estructurales que hacen de Tasajera lo que es: un pueblo olvidado. Un pueblo económicamente insostenible en el que una buena parte de la comunidad, para sobrevivir, participa en estos actos de saqueo, y prefiere poner su vida en peligro antes que morir de hambre. Si este corregimiento tuviera presencia institucional, calidad de vida y bases educativas, sus habitantes no tendría que lanzarse a la carretera buscando sacar provecho de los accidentes de tránsito.
En Colombia los saqueadores también tienen niveles y estatus. Nos acostumbramos a aplaudir una legión de saqueadores que se benefician de forma individual, que no les importa empobrecer a medio país para beneficiarse. Saqueadores a los que cada cuatro años les damos votos y les somos devotos, a quienes agradecemos por un empleo en sus empresas donde ejecutan actos de corrupción y violación de los derechos humanos, y no somos conscientes que son ellos los que sostienen el abandono estatal como forma de control social, para mantener el poder que convierte a pueblos enteros en infiernos donde las personas prefieren quemarse antes que ver morir a sus familias de hambre.
