El Gobierno de Iván Duque no puede seguir justificando la pésima labor de su gabinete, ni de las fuerzas militares que comanda. Es inaudito que el Jefe de Estado, ante los errores que comete su bancada y el Ejército Nacional, salga con excusas que justifiquen los delitos cometidos, y entorpezca las investigaciones al interior de estas instituciones. La posición que toma Iván Duque hace que los delitos sean inadmisibles, o sean tolerables, y de esta categorización arbitraria depende que se encuentren culpables o no.
El Gobierno es especialista en mostrarnos que hay delitos con estatus y delitos rasos. Los primeros involucran a amigos del mandatario de la República, como por ejemplo: El escándalo de narcotráfico que involucra a la oveja negra de la familia Ramírez: Bernardo Ramírez, hermano de Martha Lucia Ramírez, quien transportó heroína como correo humano a Estados Unidos en 1997, y por quien la hoy vicepresidenta pagó la fianza. Sobre este caso el país entero esperaba que se realizara una investigación, pero Duque, sin abordar a fondo el tema, lo tituló como una “tragedia familiar”; quién no tiene un hermano narcotraficante. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
En este caso vemos a Duque como un ser solidario que cree en las segundas oportunidades; pero hay que destacar que no todas sus decisiones son comprensivas. Algunas son tibias y amañadas, y buscan mantener el poco prestigio que le queda a su imagen, valiéndose del legado de su mentor y con mano firme hacer “justicia”, como lo hizo en los dos casos siguientes.
Hace un par de meses, cuando se denunciaron perfilamientos e interceptaciones ilegales por parte del Ejército de la República a la oposición, a periodistas y a ciudadanos del común, el presidente Duque salió a pedir severidad en las penas de los once militares que realizaron estos seguimientos. El mandatario en sus declaraciones negó rotundamente tener que ver con estas prácticas, lo que hizo que la atención mediática se desviara hacia el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, quien también negó conocer estos hechos y pidió explicaciones al comandante Nicacio Martínez, personaje que a su vez negó estar vinculado a estos hechos. Unos días después el comandante renunció a la institución, según Duque por asuntos familiares; más tarde sabríamos que su renuncia fue consecuencia de dichas interceptaciones ilegales.
A pesar de que estos hechos ocurrieron a espaldas de Martínez, Trujillo y Duque, según el Gobierno se hizo justicia plena. Sancionaron a los once militares, los retiraron de sus cargos y se demostró que habían utilizado equipos de alta tecnología propiedad de la institución para perpetrar su delito. Aunque aparentemente la situación se aclaró, aún quedan varias preguntas en el aire: ¿qué los motivó a actuar de esa manera?, ¿la curiosidad, el dinero? Pero, si ninguno de sus superiores sabía lo que estaba sucediendo, y al parecer no hay responsables intelectuales, ¿para qué unos soldados hacen perfilamientos e interceptaciones a ciudadanos colombianos? Las respuestas a estas preguntas no son pertinentes, se encontró a los culpables quienes aparentemente bajo su propia autonomía hicieron los espionajes. Estos once soldados hoy permanecen en el anonimato. El Gobierno Duque hizo justicia.
El segundo caso también involucra al Ejército Nacional. Una niña embera chami fue violada por siete soldados armados. Ante este aberrante hecho, Duque dijo que al gobierno le dolía que se señalaran a miembros de la fuerza pública de violar a una niña indígena. Hasta amenazó con estrenar la cadena perpetua para violadores con los soldados involucrados en esta perversión. Lo que se hizo evidente en estas declaraciones es que al presidente no le importa el bienestar de los niños, lo que le duele es el señalamiento a la institución. El Gobierno de la República se movió rápidamente y la Fiscalía imputó el delito de acceso carnal abusivo contra los soldados que se declararon culpables; y así el Gobierno demostró, una vez más, que se hizo justicia y que condenó a los culpables. Con una condena injusta que minimiza la gravedad de los hechos y va en contra de la verdad, pero se hizo pagar a los culpables.
En estos dos casos siguen quedando preguntas en el aire: ¿Qué está haciendo, o que hace, el Gobierno Duque para mitigar y eliminar estos casos de violación de derechos humanos en el interior de esa institución? Si el presidente minimiza los errores que comete la institución al individualizar las culpas y ponerlas únicamente en hombros de soldados, en muchos casos rasos, ¿cuándo la institución va a ser depurada? ¿En que momento se desvío el papel de las fuerzas militares?
El Ejército Nacional tiene como misión proteger a la población civil, la integridad territorial y generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo. Pero sus acciones demuestran que van en contravía de su misión y que al parecer todos los comandantes en jefe que han tenido las fuerzas armadas, y en especial el actual, han sido negligentes frente al cumplimiento de esta misión. A lo largo de la historia militar hemos visto cómo el Ejército Nacional se ha mostrado incompetente y hasta perverso con el pueblo que dijo proteger. El uso de la fuerza ha sido empleado para cometer violaciones a los derechos humanos: falsos positivos, reclutamiento forzado, desapariciones, asesinatos al interior de la institución, violaciones a mujeres y niños. Ya sabemos porque no es gratis que el Ejército Nacional sea una institución en la que el 49% de los colombianos desconfía, y otro 26% no emite juicio alguno de percepción.
Este Gobierno se ha caracterizado por tomar posiciones preferentes frente a los “errores” de cada una de sus cartas políticas. Ya vimos cómo reaccionó frente a un errorcito menor de narcotráfico. Y en contraste vemos su reacción ante los errores del Ejército colombiano. Aunque es sencillo ver estos contrastes que dependen de la afectividad y los intereses políticos, los de un lado quedan en la impunidad y en el otro se encuentran culpables individuales, chivos expiatorios, que se exhiben a la opinión pública como casos aislados, como manzanas podridas. La consecuencia de culpabilizar individualmente es que nunca se responsabilizará a las instituciones, negando así la posibilidad de destapar todas las ollas podridas que hay en el interior de las mismas. Es hora de depurar las instituciones, es hora de encontrar la raíz del problema.
