La semana pasada la JEP divulgó que las fuerzas militares asesinaron de la manera más vil y cruel al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 en condiciones de indefensión; un escalofriante y horrendo crimen de lesa humanidad, eran jóvenes pobres, ciudadanos en condiciones de discapacidad y habitantes de calle. Todo al mejor estilo de una película de terror de crónica negra, una “limpieza social institucionalizada” con el objeto de presentar mejores resultados de guerra. Los civiles asesinados fueron presentados ante el estado y la opinión pública como bajas en combate. Según reveló la Jurisdicción Especial para la Paz, lo más grave es que NO fueron hechos aislados ni actuaciones de algunas “manzanas podridas”, fue una política de estado en el marco de la “seguridad Democrática” que impulsó a ALVARO URIBE VÉLEZ a la reelección, y entronizo su proyecto de guerra, inequidad y segregación con litros de sangre, como dijo el general Montoya y Ajúa!

La JEP asume la investigación judicial a partir de una metodología que va de abajo hacia arriba, esto implica revisar los casos puntuales y específicos, donde identifican los partícipes, móviles y máximos responsables a nivel local, luego hacia arriba, para determinar quiénes son los máximos responsables a escala regional y nacional; es decir, la metodología desvirtúa la tesis de las manzanas podridas, prueba que los crueles asesinatos fueron sistemáticos, dirigidos y coordinados en una estrategia organizada para ganar una guerra en el papel, a partir de montajes que implican la MUERTE de ciudadanos pobres, desvalidos y en condición de discapacidad. Un hecho atroz que debería estremecer en sus cimientos a la sociedad colombiana.

No es un problema de discrepancia de cifras. Como lo dice la JEP en las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Es un problema ético que pone en entredicho la legitimidad del estado, en el gobierno Uribe la majestad del derecho se equipara a los pagos por policía muerto que promovió el narco Pablo Escobar.

Gran parte del problema tiene que ver con la estrategia de encubrimiento de los delitos de lesa humanidad desplegada por el gobierno, las fuerzas militares y los medios de comunicación, crímenes cometidos con el objeto de mostrar resultados artificiales en la lucha contra el terrorismo, la guerra contra las guerrillas y el paramilitarismo. Este encubrimiento tiene que ver también con el lenguaje, “NO hay falsos positivos”, “No son ejecuciones extrajudiciales, porque ejecuciones judiciales no hay en Colombia”, al menos legal y judicialmente son asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, desarmados, inermes, inocentes. Colombia es un país de eufemismos, pero deberíamos empezar a llamar las cosas por su nombre para reconstruir la memoria histórica y salir del espiral de violencia y resentimientos para dar paso al perdón y la reconciliación.

Uribe ha gobernado a partir del engaño, apoyado en el estado de opinión, la lógica mafiosa y la doble moral carente de sustento ético. Parafraseando a Ariel Ávila, con los falsos positivos murió más gente que con Pinochet y en menos tiempo; las ejecutorias de muerte del gran colombiano serán su legado, pasará a la historia con este único galardón, no se olvidarán sus intervenciones que ruborizarían al Dr. Mata, como olvidar sus frases sobre estos crímenes atroces “no estarían recogiendo café, hay mucho criminal que han hecho pasar como falso positivo, son especulaciones con sesgo político…”

El aplauso social de la muerte violenta, la mentalidad mafiosa de la trampa para mostrar resultados es quizá el peor legado de Uribe, la moral retorcida de la gente de bien que defiende la muerte, como quien dice “plomo es lo que hay, bala es lo que viene”, la deshumanización de la política. Prueba de ello es el plebiscito, otro falso positivo. Uribe engaño a la ciudadanía, pues él sabía que la victoria del NO, no podía lo modificar lo pactado por las partes, ya era un acto legislativo, él no podía llamar a desconocer la constitución como olímpicamente lo declaró, especialmente contra la JEP, no puede llamar y promover el irrespeto a la ley, a la institucionalidad y sus procedimientos, hacerlo equivale a apadrinar los falsos positivos.

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