El Fiscal General ha insistido en no tener ningún tipo de relación con el expresidente Uribe, explicando que su amistad con Iván Duque no es razón suficiente para ser retirado del caso.
Luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera entrega de la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la justicia ordinaria, producto de su renuncia al Senado, los ojos de los colombianos se han centrado en el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a raíz a su conocida amistad con el presidente Iván Duque y que para algunos es motivo suficiente para que sea retirado del caso.
Aunque ya se nombró a Gabriel Jaimes Durán como fiscal delegado, Barbosa ha insistido en que no tiene ningún tipo de impedimento por el que él mismo no pueda liderar la investigación en contra del exmandatario.
Así lo hizo saber por medio de una carta enviada a la CSJ, en la que aseguró que, tanto él como su vicefiscal, Marta Mancera, deberían estar al frente del proceso.
La razón principal de la misiva se da en respuesta a la recusación presentada por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien, tras conocer el traslado del caso a la Fiscalía, decidió tomar acciones que desde su punto de vista eviten que el expresidente Uribe sea juzgado bajo algún tipo de sesgo político que juegue a su favor, por supuestas señales de impunidad, igualmente solicitó que se den garantías a la ciudadanía de imparcialidad por parte del ente investigador.
Sin embargo, Barbosa explicó en la carta al alto tribunal que la acción tomada por el senador Cepeda está basada en apreciaciones completamente subjetivas y atadas a su pensamiento político, más no por alguna evidencia que muestre cercanía entre Barbosa y Uribe, más allá de ser copartidario con el presidente de la República.
“No es la apariencia ni la ‘percepción razonable de parcialidad’ aquello que (bajo la postura subjetiva de alguna de las partes o intervinientes) debe definir la configuración de estas causales, sino la acreditación cierta, objetiva y sustentada de alguno de los eventos expresamente definidos por el Legislador para salvaguardar la imparcialidad del funcionario (…) Los argumentos y situaciones que expuso el apoderado de la víctima no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico”, concluyó Barbosa, quien permanece a la espera de una respuesta por parte de los magistrados.
