La decisión se basa en que el material probatorio que existe no es suficiente para probar que el exmandatario incurrió en alguno de los delitos que se le acusa.
Colombia amanece con la noticia de que la Fiscalía General de la Nación ha concluído en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no cuenta con los suficientes elementos para que el acusado tenga que ir a juicio, causando división de opiniones en la sociedad colombiana.
Igualmente, la Fiscalía tras considerar la falta de pruebas contra el exmandatario han solicitado a un juez que ordene archivar el proceso existente, iniciado por la Corte Suprema de Justicia en 2018 por manipulación de testigos, que llegó a significarle un periodo de prisión domiciliaria al exmandatario.
La decisión es tema de discusión en todo el país, pues no solo influye en el futuro del expresidente Uribe, sino también en la gestión del fiscal general Francisco Barbosa, algo que para muchos es considerado hoy como una decisión tomada con intereses personales y en favor a gente cercana del director del ente de control.
Respecto a la solicitud de preclusión, el fiscal de caso Gabriel Jaimes, comentó cómo se espera que un juez autorice archivar el expediente contra el exmandatario tras los diez meses que duró la recolección de pruebas. Sobre la decisión, el senador y víctima en el caso, Iván Cepeda, denunció en sus redes sociales la falta de imparcialidad por parte de Barbosa y quienes adelantaron el caso.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, declaró la Fiscalía en un comunicado oficial a todo el país.
Por último, el ente investigador señaló que todas las conclusiones tomadas sobre el caso serán explicadas en una diligencia pública ante un juez penal del circuito y que podrán ser controvertidas por delegados de otros órganos de control y de la propia defensa.
