Integrantes de una de las primeras líneas del país que nació en la ciudad de Bogotá en el año 2019 llamados “Los Escudos Azules” solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que han sido víctimas de agresiones, montajes y estigmatización.

Este grupo nació en las protestas del año 2019 después de que un agente del Esmad matara al joven Dilan Cruz. Desde entonces se hicieron populares en el país estos grupos de jóvenes que en las manifestaciones son quienes más ponen resistencia ante los ataques de brutalidad policial que se viven en medio de las protestas sociales.

Desde entonces, el Gobierno Nacional, y los entes judiciales y de investigación del país se han dedicado a estigmatizar a este grupo de jóvenes haciéndolos ver como terroristas. Al día de hoy, la Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a más de 200 jóvenes en todo el país que pertenecen a estos grupos, les imputan cargos por terrorismo y concierto para delinquir.

La mayoría de estos jóvenes son estudiantes que han denunciado ser víctimas de persecución por el simple hecho de salir a defender el derecho a la protesta, varios de ellos ya han acudido a la CIDH para solicitarles medidas cautelares debido a la enorme persecución y represión a la que están siendo sometidos.

En los últimos días se han evidenciado como miembros de la fuerza pública les hacen persecución, allanamientos ilegales en sus hogares para capturarlos, montajes judiciales y criminalización de quienes hacen parte de la primera línea. Una de las voceras de “Los Escudos Azules” habló con el Espectador y contó que, “Lo único que quieren es silenciarnos porque nuestras voces les incomodan”.

La directora de la fundación Nydia Érika Bautista, Yanette Bautista, fue la que radicó la carta de petición a  a CIDH para solicitar las medidas cautelares para estos jóvenes, “Los Escudos Azules y otras primeras líneas son tratadas como grupos criminales y algunos han sido judicializados hasta como grupos armados”, explicó.

“Desde la creación  de Escudos Azules y desde su primera salida a acompañar a los manifestantes, se evidenciaron violaciones de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza, agresiones físicas, amenazas, estigmatización y robo de información”, dijo la directora de la fundación.

En el documento que se radicó para la CIDH se detallan varios de los casos de agresiones y persecuciones que han sufrido sus miembros desde el año 2019, además exigen que sean respetados los derechos que les han sido vulnerados  y que sea convocada una mesa de dialogo entre miembros del Gobierno y de la Primer Línea para llegar a acuerdos.

Fuente El Espectador.

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