Un informe publicado recientemente por La Nueva Prensa, deja en claro que Carlos Escobar Marín, recibió del gobierno nacional un apartamento incautado al narcotráfico. Mismo lugar desde donde el uribismo dirige sus campañas de difamación y noticias falsas contra periodistas y declarados contradictores del gobierno actual. Desde delincuentes, pasando por congresistas, hasta personajes como el Tino Asprilla (pues Escobar maneja sus redes sociales), visitan dicho apartamento día a día.
Para empezar es necesario poner un poco de contexto. Carlos Escobar Marín es convicto por fraude bancario en Estados Unidos y jefe de la sonada ‘bodeguita uribista’, señalada, entre otras cosas, de propagar masivamente noticias falsas y campañas de desprestigio en redes sociales en contra de los críticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Pues bien, la situación expuesta en el medio de comunicación alternativo, es que a Escobar se le entregó un penthouse dúplex de 389 metros cuadrados, que cuenta con piscina privada, terraza y tres parqueaderos; ubicado en el edifico Praderas I y II, en El Poblado en Medellín. Un apartamento que le fue incautado a la organización criminal conocida como la ‘Oficina de Envigado’.
Dicho inmueble, se entregó por orden del presidente Iván Duque, de parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda. Misma que administra distintos bienes adquiridos por criminales con dineros de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos o corrupción, entre otras.
Se sabe que el mencionado apartamento, “fue centro de operaciones ilegales a manos de Marlon Javier Vergara Uribe, alias ‘Marlon’, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’. Ambos jefes narcotraficantes de la Oficina de Envigado y comandantes de las bandas de sicarios que continúan dominando la ciudad”.
Si bien cada uno de esos cabecillas fue capturado y condenado, el apartamento que hoy ocupa Escobar, se encontraba inscrito a nombre de la esposa de ‘Douglas’, Diana Olaya Galeano, y fue declarado extinto al 100% por el Sistema Integrado de Gestión Misional de Activos (SIGMA) de la SAE, ya cuando Duque estaba en el poder.
Sin embargo, quien aparece como beneficiaria de la entrega del inmueble es Jennifer Blanco Nieto, abogada, especializada en derecho laboral. Que ha sido contratista del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Alcaldía de Bucaramanga, asesora en el Congreso de la República, y además es pariente de la esposa de Escobar, Katherine Blanco.
En la misma publicación de La Nueva Prensa se explica más sobre la ‘bodega uribista’. Misma que supervisa Escobar y maneja distintas cuentas ficticias en redes sociales como TikTok, Twitter, Facebook e Instagram, con el propósito de ensuciar la reputación de personas que investigan o critican al uribismo. Escobar financia estas campañas de guerra sucia con base en contratos que le otorga el gobierno nacional.
Incluso, el informe denuncia que existe “una carpeta secreta del Ejército Nacional, rotulada con el nombre de “perfilamientos”, en el marco de una operación ilegal que el gobierno ordenó para recaudar información, sin orden judicial, sobre la vida de periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos, abogados y organizaciones sociales, cuya característica en común son sus apreciaciones contrarias a las del gobierno Duque”.
Según ese medio, “Los resultados de esta operación ilegal son recibidos en la Secretaría General de la Presidencia de la República y compartidos con la Fiscalía General de la Nación y con políticos a fines al partido Centro Democrático que visitan con frecuencia ese apartamento del narcotráfico”.
Precisamente, se expone que Escobar tiene orden directa de la presidencia de atacar a los congresistas Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar; al precandidato presidencial Gustavo Petro, al exconcejal de Bogotá Hollman Morris y a los periodistas Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina, Gonzalo Guillén, María Jimena Duzán, Julián F. Martínez y Diana López Zuleta.
Además de recibir instrucciones para atacar organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Por último, el informe hace referencia a las múltiples denuncias que han hecho los demás propietarios del edificio respecto a los comportamientos de Escobar. Quien tiene fiestas de domingo a domingo, recibe múltiples visitas y no permite que los vigilantes tomen nota de quienes ingresan, como está estipulado en las reglas que manejan; y ha amenazado a distintos propietarios asegurando que es “contratista de Israel para el gobierno de Colombia. Eso no quiere decir que pueda insultar o matar”.
