Aunque por un momento estuvo en veremos el proceso de revocatoria contra Daniel Quintero, recientemente se publicó un informe técnico de la Registraduría que descartó 361 firmas, dejando 132.547 que cumplirían con los requisitos mínimos para continuar con el proceso.
Registraduría Nacional del Estado Civil certificó por tercera vez que las firmas que fueron entregadas para dar inicio al proceso revocatorio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, son válidas. Este informe se dio a conocer después de que la misma entidad comunicará que el proceso de revocatoria podía continuar.
Cabe aclarar que el proceso había quedado en pausa cuando un juez de ejecución de pena de Bogotá, el pasado 23 de enero, ordenó la acción judicial de suspensión porque el movimiento de Quintero, independientes, no había tenido acceso a las firmas.
Debido a eso, Quintero interpuso una tutela en la que explicaba que cerca de 30.000 firmas eran fraudulentas. Sin embargo, en la verificación, la entidad aseguró que descartó solo 361 firmas, dejando 132.547, que son la cantidad mínima para convocar a los ciudadanos a las urnas y decidir si el mandatario conserva o no su cargo.
Para este proceso se registraron 3′836.985 firmas, y en revisión la Registraduría determinó que 3.728 son ilegibles, 510 tienen el encabezado incompleto, en 1.549 las fechas no coinciden, 69.937 no están en el censo registrado y 21.927 no corresponden las rúbricas con el nombre.
Aún así, el proceso para retirar al alcalde del cargo no se puede realizar hasta que el Consejo Nacional Electoral emita su respuesta sobre las cuentas que presentan supuestas irregularidades.
Una vez el CNE emita una respuesta, se hará el debido llamado a las urnas de los ciudadanos de Medellín. Eso claro, si se decide que se reanuda el proceso.
Recordemos que esta eventual revocatoria se le suman las investigaciones preliminares que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra Quintero. La primera por un viaje que hizo el alcalde a Miami a finales de noviembre de 2021, la otra por el desacuerdo con la petición del Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro); una más por declaraciones que involucran al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA); y la más reciente por presunta censura a la prensa.
