Colombia se ha construido a la sombra de innumerables dificultades que se fundamentan en la disputa por la tierra, la cual ha atacado con vehemencia a indígenas y campesinos por ser ellos los guardianes del territorio. A pesar de las amenazas, las comunidades campesinas e indígenas se han aferrado con fuerza a lo que les pertenece, y han tomado las injusticias como motor para levantarse en defensa del territorio y la dignidad de sus pueblos. Ante esto las comunidades han generado acciones colectivas, y reconocido líderes sociales capaces de trabajar en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Estas acciones no solo fortalecen los tejidos comunitarios de pueblos y regiones, también fortalecen los tejidos sociales de nuestro país. Recordemos la influencia que tuvieron grandes líderes como la Cacica Gaitana, Benkos Biohó y Quintín Lame, quienes guiaron, liberaron, empoderaron y construyeron sus comunidades y nuestro país.

El trabajo de los líderes ha sido arriesgado históricamente; como muestra de esto, en lo que llevamos del 2020 son 152 líderes asesinados a manos de grupos armados, y desde la firma del acuerdo de paz han caído más de 970 personas que ejercían un liderazgo en su comunidad.

El Gobierno se ha resistido a identificar a los responsables de estos hechos, no se sabe si por la incapacidad de la justicia, o por afecto a los armados; el hecho es que no se ha trabajado por la protección de la vida de quienes son piezas fundamentales en el desarrollo local. Mientras la justicia obra de forma mediocre, los asesinos siguen trabajando sistemáticamente en la localización, amenaza y posterior asesinato de quienes tienen un arraigo especial hacia el territorio, o de aquellos que desarrollan su trabajo como líderes. Ejercer un tipo de liderazgo comunitario es fortalecer la participación política de las comunidades en función de concertar proyectos sociales. Lo anterior complica mucho más el panorama, ya que para los enemigos del desarrollo local y de la autonomía de las regiones es amenazante la participación democrática de las comunidades. Según la publicación «¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo», el mayor número de asesinatos a líderes se ha registrado en jornadas pre y pos electorales.

Por esta razón resulta más lucrativo para los enemigos de los líderes y sus comunidades, estigmatizar el activismo y liderazgo social. Así como se hizo en el 2003, durante el primer año del gobierno Uribe, cuando los militares no tuvieron reparo en asegurar que la movilización social de ciudadanos, que se hacía en esos años como respuesta a la inclusión de políticas neoliberales, estaba orquestada por las FARC. Los militares, sin antes hacer investigaciones o usar su “inteligencia” militar para comprobar la absurda hipótesis, aseguraron que esa guerrilla había infiltrado las marchas y las protestas sociales; declaraciones que quedaron grabadas en la cabeza de muchos, y reforzó esa estigmatización de los líderes indígenas y campesinos.

Las instituciones que manejan este país han sido cómplices al estigmatizar la labor de los líderes por más de veinte años, criminalizando desde el desconocimiento las actividades que muchas comunidades deben hacer para sobrevivir en medio del abandono estatal, el hambre y la guerra.

Los líderes sociales, aparte de garantizar la dignidad de las comunidades y defender los derechos humanos, son y siempre serán los guardianes de la memoria que quedó de la construcción, o en el contexto de guerra, de la destrucción de sus pueblos. Ellos crean un tejido uniendo sus vivencias y las de sus comunidades, para contar una historia a partir de memorias compartidas que se fortalecen con la interacción social en los territorios.

Por lo anterior, planteo que los líderes sociales son los guardianes de la paz. Su trabajo por la protección de las memorias colectivas está comprometido con reforzar la voluntad de grupos armados de no repetir los hechos violentos. Para mantener esa voluntad, al interior de las comunidades comparten las historias vividas y crean espacios para la reflexión y el recuerdo. Espacios que honran a las víctimas, espacios donde relatan los hechos vividos y acompañan a familiares y amigos que aún viven con el dolor del recuerdo. Estas acciones son fundamentales para el funcionamiento del proceso de paz y el desarrollo de la JEP, que durante este Gobierno ha sido fuertemente cuestionado. A pesar de los tropiezos del proceso de paz, los líderes sociales han mantenido como un estandarte el agonizante acuerdo que el uribismo, en el 2017, prometió “hacer trizas”.

Mantener viva la memoria significa hablar del conflicto con la verdad. Una verdad que es materia de derechos humanos, pues es un derecho de las víctimas y de toda la sociedad conocer las causas, consecuencias y hechos que moldearon la historia. Los líderes y lideresas son una riqueza nacional que se debe defender. Ya es hora de que el Gobierno les garantice el libre ejercicio de sus trabajos con garantías de cuidado de su vida e integridad, con una retribución económica que les posibilite vivir en condiciones dignas. El liderazgo social no puede seguir siendo una labor sin ninguna retribución económica, atrapada en la paradoja de poner la vida en riesgo en defensa de la vida, la paz y la memoria.

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