Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz deberán continuar con su proceso desde la cárcel de uniformados de Facatativá.
Los dos patrulleros que están siendo investigados por la Fiscalía, debido al procedimiento policial en el que abusaron de su autoridad hasta causar la muerte de Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre, han sido enviados a un centro penitenciario.
La juez 29 de garantías fue la encargada de tomar la decisión de enviarlos a la cárcel de Facatativá, aunque la Fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión de enviarlos a dicho sitio; por el contrario, se pidió que fueran enviados a la Cárcel La Picota.
La juez analizó la forma en que los policías faltaron el respeto a su uniforme y a la institucionalidad reaccionando de forma extremadamente violenta contra el padre de familia de 44 años de edad, lo cual fue corroborado con los videos recopilados del hecho.
Sin embargo, los abogados de los acusados están solicitando casa por cárcel justificando que son personas con familias (esposas e hijos), y que no han estado implicados antes en ninguna investigación de este tipo.
Por otra parte, la Procuraduría apoyó la decisión de enviar a los policías a un centro penitenciario, puesto que «no es un exceso de fuerza. Es más que un exceso de fuerza, y por eso estamos ante una tortura», dijo el procurador delegado. Asimismo, para la Fiscalía, mantener a estos hombres en libertad implica asumir un riesgo en el proceso judicial que se lleva a cabo.
«No se garantizarían los fines constitucionales de evitar la obstrucción a la justicia y de la protección a la comunidad con una medida de aseguramiento de casa por cárcel», dijo la juez de garantías.
