Hay 8.970.712 ciudadanos víctimas del conflicto armado que están en grave riesgo, por la falta de una política diferenciada, que cuide de ellos en medio de la pandemia. Los anuncios del gobierno nacional y los gobiernos locales han sido muchos, pero las ayudas insuficientes y tardías.
Las víctimas de desplazamiento forzado (7.245.5629), son las más afectadas en medio de la pandemia, sin empleo formal, ni vivienda y lejos de su tierra; la llegada del covid-19 profundizó las vulnerabilidades existentes, muchos pasan sus días con una sola comida en las periferias de las grandes ciudades, debajo de casas con goteras, o están encerrados en sus territorios bajo los designios de grupos armados ilegales, que no están en cuarentena.
En las regiones la situación es aún peor, los procesos de reparación, restauración y verdad, están suspendidos.
La participación de las víctimas es fundamental para estos procesos de reparación; y dada la situación de aislamiento por la pandemia la parálisis es total, aunque se han abierto canales virtuales de atención desde la institucionalidad, la mayoría de Las víctimas no tienen acceso a internet, y el congreso acaba de archivar el proyecto de Ley que buscaba garantizar el acceso a internet gratis a los todos los Colombianos, especialmente a los más vulnerables. Buena la intención, pero desconectada de la realidad.
El programa de indemnizaciones solo ha llegado al 10% de las víctimas y según las previsiones del Plan de Desarrollo del actual gobierno, solo se avanzará en un 5% adicional, en el mejor de los casos. Lo mismo ocurre con las reparaciones colectivas, ya que de 736 sujetos registrados oficialmente, únicamente 6 han terminado la ejecución de medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva, la política de reparación a las víctimas es mínima por no decir nula.
Hay una revictimización de las víctimas del conflicto armado por acción y omisión del gobierno actual. En los territorios afectados por la violencia histórica, el Estado no hizo presencia pero si los grupos ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y el control social de las comunidades. En regiones como la costa Pacífica, el sur del país, el Catatumbo, zonas de Córdoba y Antioquia hoy se vive una crisis humanitaria por asesinatos, amenazas y desplazamiento forzado solo comparable con lo ocurrido entre 2002 y 2006.
Según Amnistía Internacional más de 100 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020, incluyendo al menos 28 asesinatos desde que se decretó la cuarentena obligatoria el 25 de marzo para prevenir el contagio del COVID-19. Muchos de estos líderes son reclamantes de tierras, desplazados por la violencia, y voceros campesinos que defienden el territorio y exigen la garantía de sus derechos.
La ausencia de una política pública, que asegure soluciones permanentes de vivienda, trabajo formal, e ingresos dignos, entre otros, profundiza el desarraigo, la informalidad laboral y deterioro de la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado. A esto se suma la nula política diferencial para atender a esta población que representa un poco más del 8% de los ciudadanos Colombianos.
Si el gobierno no implementa de forma inmediata una estrategia de atención diferenciada a la población víctima, en términos de una renta básica de emergencia, que brinde garantía de un ingreso mínimo vital, del acceso a salud y de la protección a la vivienda, además del abastecimiento de víveres y elementos de higiene, que son indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas, estaría condenando a las víctimas a la muerte.
Las regiones necesitan de una políticas de protección que atienda y responda a los factores de violencia estructural y de especial vulnerabilidad socioeconómica.
Conozco la difícil situación de miles de víctimas en todo el país, las ayudas privadas conseguidas son insuficientes y es por eso que lanzo este #SOSPorLasVíctimas porque el gobierno las abandonó a su suerte, y están muriendo ante el abandono del gobierno y silencio de los medios.
