El Ministro de Defensa, Diego Molano, negó que la situación de los ‘Falsos Positivos’ haya sido algo sistemático dentro de la fuerza pública. Es por esto que con un informe entregado desde el Ministerio de Defensa, se busca aportar a la verdad durante el conflicto armado y reconocer a miembros de la fuerza pública y sus familias, como víctimas; pues a esta entidad le preocupa que los reflectores estén sobre el lado equivocado. 

Este viernes 25 de febrero, el ministro de Defensa, Diego Molano, presentó el informe ‘Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’. Un documento que busca esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en el país, pero desde la visión de la fuerza pública. Además, busca el reconocimiento de casi medio millón de uniformados como víctimas.

Dicho informe recoge más de 80 archivos desde 2017, mismos que han sido presentados a las entidades que conforman el Sistema Integral para La Paz. La disyuntiva se dio porque durante la mencionada presentación del informe, Molano negó la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, que según datos compartidos por la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), asciende a 6.402 civiles asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate. 

“Cuando en ocasiones y en tiempos limitados de la larga historia de nuestras fuerzas se han cometido actos individuales que manchan el honor del uniforme, estos han tenido y tendrán que asumirse con responsabilidad individual. Porque eso que hace uno, va en contra de la negación y sacrificio de miles. No se puede destruir la historia y no se puede permitir que desde hechos individuales se deslegitime su futuro como instituciones vitales para la República”, declaró Molano.

Destacó que las agrupaciones criminales, como la desmovilizada guerrilla de las FARC, el ELN y paramilitares; fueron quienes implementaron “un ejercicio sistemático para aniquilar a la fuerza pública”; dejando de lado los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, todo financiado por el narcotráfico. 

Explicó que se deben reconocer 403.352 miembros de la fuerza pública y a sus familias como víctimas frente a los crímenes de guerra cometidos por parte de estos grupos ilegales; señalando que estos grupos armados fueron los protagonistas de la “barbarie y de la sistematicidad de los crímenes de guerra en contra de la población civil y de la fuerza pública”.

“Ese es el aporte que queremos hacer a la verdad, para que los reflectores estén donde deben estar. Nos preocupa que después de cinco años de la firma de los Acuerdos de la Habana y faltando diez años para completar la implementación, los reflectores se esté dirigiendo hacia la fuerza pública y no a los verdaderos victimarios. Luego de la firma de los acuerdos la fuerza pública ha aportado información valiosa a las instituciones del Sistema Integral para la Paz”, concluyó el ministro.

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