Ahora los ojos de la ONU están sobre Sergio Fajardo y el juicio por presunta corrupción que tiene por delante.

El despacho del relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, le envió una carta al político en la que le confirmó que tiene interés en darle seguimiento al proceso penal que adelanta la Fiscalía en su contra. Según la investigación, Fajardo habría generado un detrimento al departamento de cerca de US$20 millones y, por eso, está a punto de entrar en juicio en la Corte Suprema de Justicia.

Para poner contexto sobre el tema hay que remitirnos al 2017 cuando la investigación que tenía Fajardo en la Procuraduría por un supuesto mal manejo de recursos públicos mientras fue gobernador de Antioquia (2012-2015); fue archivada. Según el procurador del caso, Antonio José Núñez Trujillo, abogado de derecho financiero y bancario, explicó que el préstamo solicitado por Fajardo, para ese momento, no se realizó de manera “inconsulta o insustanciada” y que, por el contrario, se pidieron varias asesorías con respecto a la volatilidad del dólar. Lo que se le reprochó a Fajardo desde ese momento fue que firmó ese crédito en dólares y no en pesos, que no previó el aumento en el precio del dólar, situación que terminó costándole mucho más dinero a la Gobernación.

Para la Fiscalía sí se cometió una irregularidad al cambiar la moneda de ese crédito. La investigación señala que en tres años, desde 2013, el dólar aumentó $1.214 y la Gobernación de Antioquia terminó pagando la diferencia. “Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, que firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley. Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra”, señaló el Fajardo en 2021, cuando se conoció el día que iba a ser acusado.

Justamente para mayo de ese año, se conoció que Fajardo estaba siendo investigado por la Procuraduría por ese mismo préstamo. Eso sí, sin una explicación concreta de por qué el caso se reabrió durante la administración de la procuradora Margarita Cabello.

Adicionalmente, el 30 de abril de 2021, cinco días antes de la imputación de cargos contra Fajardo, cuatro investigadores expertos de la Fiscalía firmaron un informe con el que llegaron a la conclusión de que Fajardo tramitó el préstamo sin causarle un detrimento patrimonial al departamento. En el informe, los expertos señalan que entre 2010 y 2013 se presentaron intervenciones en el mercado cambiario, exceso de liquidez en los mercados financieros, pagos de rentas de grandes contribuyentes desde el exterior, entre otros factores. Por lo que con esta evidencia la Fiscalía procedió a imputarle cargos a Fajardo.

Se sabe que luego de que los expertos financieros emitieron el informe que está en manos de la ONU, el fiscal del caso pidió uno nuevo con información y hallazgos diferentes que apuntan a que Fajardo sí ocasionó un detrimento patrimonial.

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