Hace 15 años, 19 valientes soldados del Ejército colombiano tomaron una decisión que les costaría sus carreras: se negaron a asesinar a una niña en una orden que, según ellos, provenía de un superior. Hoy, después de años en trabajos precarios como mototaxistas, vigilantes o mensajeros, ruegan por su reincorporación al Ejército, anhelando retomar su carrera militar.
Jeider Ospino y Job Mendoza formaban parte del grupo de soldados pertenecientes a la compañía Atila 1, un cuerpo especial que fue expulsado en 2008 por negarse a cometer un «falso positivo». “La compañía Atila 1 era un grupo especial que fuimos retirados en 2008 por no cometer un falso positivo”, explica Ospino.
El 7 de junio marcó el decimoquinto aniversario de su expulsión del Ejército por negarse a matar a una niña desarmada. Ahora piden la restitución de su honor y su reincorporación al Ejército para continuar la carrera que fue abruptamente interrumpida en 2008.
Mendoza relata la operación que llevó a su eventual expulsión. Habían sido asignados a rescatar a un periodista secuestrado en Riohacha por un grupo del ELN. Durante su misión, capturaron a una niña de 15 años conocida como Marcela, miembro del ELN, que estaba desarmada y enferma.
«Ella se nos arrodilló y nos pidió que no la fuéramos a matar… tenía unos quistes», recuerda Mendoza. En lugar de matar a Marcela, los soldados de Atila 1 eligieron continuar con su misión, utilizando la información proporcionada por la niña para localizar un campamento del ELN, logrando incautar una cantidad significativa de armamento e información de inteligencia.
Sin embargo, a su regreso, los soldados de Atila 1 se encontraron con la desaprobación de su comandante, el coronel Ramón Saldaña, quien, según sus relatos, les ordenó ejecutar a la joven Marcela.
“Dijo: ‘bueno, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Acá están las armas y está todo’. O sea, que subiéramos a la muchacha, la uniformáramos y la matáramos. Eso es un falso positivo”, señala Mendoza. Pero los soldados de la compañía Atila 1, apegados a sus principios, se negaron a cometer el acto atroz. Poco después, todos fueron expulsados del Ejército.
Hoy, los miembros de Atila 1 luchan para mantener a sus familias y anhelan la oportunidad de reincorporarse al Ejército. “Hoy hace quince años dejamos el camuflado, y pedimos el reintegro, queremos seguir trabajando, no le pedimos al Estado más nada, ni que nos indemnice ni nada de esas cosas, queremos seguir trabajando porque somos hombre de honor que respetamos a las Fuerzas Militares”, según Ospino.
Durante 15 años, han buscado justicia a través de recursos judiciales e incluso han recurrido al sistema interamericano de justicia. Sin embargo, a pesar de las promesas hechas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su esperanza de reincorporación aún no se ha realizado.
“Me siento decepcionado. Nosotros estábamos esperando otra cosa de él. En campaña nos reunimos con él en el hotel Tequendama, con el señor Alfonso Manzur y el sargento Chala. Nos prometieron unas cosas”, dice Mendoza.
A pesar de la decepción y la dificultad, los exmiembros de la compañía Atila 1 mantienen viva la esperanza. En medio de su lucha, tienen la consolación de saber que Marcela, la niña que se les ordenó matar, fue capaz de regresar a la vida civil y ahora es madre. Su hija, que nunca habría nacido si los soldados de Atila 1 no hubieran tomado la decisión que les costó sus carreras, es un recordatorio constante de la valentía y el sacrificio de estos hombres.
La historia de la compañía Atila 1 es una cruda reminiscencia de los desafíos éticos y morales a los que se enfrentan los militares en tiempos de conflicto. Sin embargo, es también un testimonio de la valentía y el honor que aún se pueden encontrar incluso en los momentos más oscuros. Como tales, estos hombres merecen no solo nuestro respeto y admiración, sino también el derecho a retomar las carreras que eligieron y a las que dedicaron sus vidas.
