El nombramiento de Margarita Cabello ha generado fuertes críticas contra el gobierno Duque por su influencia en los órganos de control y otras ramas del poder.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, ha emitido hace un par de horas un comunicado en el que expresa “su profunda preocupación” por la situación actual que se vive en Colombia, respecto a las instituciones de control nacional, todo producto a la presencia de personas cercanas al gobierno del presidente Iván Duque, lo cual sería tomado como síntoma de poca independencia entre poderes.
Según los expertos que hacen parte de la organización que controla los fenómenos de corrupción en todo el mundo, el estado actual de Colombia frente al orden constitucional y la separación de poderes es “alarmante”, acusando directamente al presidente Duque y a los miembros del Gobierno del “detrimento” en las otras ramas del poder y de las libertades de los ciudadanos.
“Durante la pandemia se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del poder ejecutivo en muchos países, sin embargo, nos genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”, advirtió Transparencia Internacional en su comunicado.
Transparencia Internacional mencionó cuatro razones por las cuales el presidente Duque estaría acaparando el poder:
- La creciente cercanía del Gobierno a las mayorías en el Congreso.
- El estado de excepción de emergencia económica declarado, que se requería para la atención de la pandemia, convirtió al Gobierno en legislador transitorio.
- Un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central.
- Se han presentado acciones cuestionables del Gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública.
De momento, la organización Transparencia por Colombia advirtió que preparará un fortalecimiento en sus acciones de monitoreo respecto a las decisiones y desempeño de los órganos de control, teniendo en cuenta las personas que están a cargo de las mismas y la forma en que operarán en situaciones que puedan llegar a suponer un conflicto de intereses o que den muestra de irregularidades en favor de algún particular o sector político.
“Reiteramos que la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”, indicó el mismo comunicado.
