Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se le ha pedido al presidente Duque de abstenerse de dar opiniones en casos como el de Álvaro Uribe Vélez.

Crece la polémica luego del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ha ordenado al presidente de la República, Iván Duque, que se abstenga de realizar comentarios referentes al caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los cuales, de alguna manera, desconocen la autonomía e independencia de las ramas del poder público. La conclusión del alto tribunal se da en respuesta a la tutela interpuesta por el activista político y estudiante de sexto semestre de derecho en la Universidad Militar, Jean Paul Artunduaga.

En la acción interpuesta, el estudiante argumentó al alto tribunal la importancia de que el presidente del país permanezca ajeno a la actual polémica, evitando cualquier tipo de pronunciamientos parciales o motivados por su opinión personal referente al caso del expresidente Álvaro Uribe, en espacios institucionales y que usen logos o distintivos del Gobierno Nacional; así como también solicitó que se le ordenara al primer mandatario retirar el video del 4 de agosto en donde este lamentaba la decisión tomada contra el exsenador y defendía su afirmada inocencia.

“En una democracia tan débil como la nuestra es fundamental que cada poder actúe de manera autónoma y sin presiones. El presidente de la República debe recordar que constitucionalmente representa la unidad nacional, es así que representa tanto a quienes estamos a favor de la decisión, como quienes están en contra” argumentó el tutelante.

Los magistrados de la Sección Segunda del Tribunal, Luis Gilberto Ortegón Ortegón, José Rodrigo Romero Romero y Alberto Espinosa Bolaños, si bien negaron la pretensión de la tutela de retirar el video de apoyo del mandatario de las redes sociales, si le pidieron a este limitarse en dar ese tipo de declaraciones, pues como Jefe de Estado resulta ser una información carente de imparcialidad y que desconoce la separación de los poderes y la autonomía judicial.

Como lo ordena el fallo de la tutela: “Dentro de este marco, es dable afirmar que el presidente de la República, a pesar de ser símbolo de unidad nacional y estar obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, emite una información carente de imparcialidad y con un total desconocimiento de la separación de poderes y de la antonimia de la rama judicial, por cuanto cuestiona el actuar de la Corte Suprema de Justicia e insinúa la forma en cómo se debe desarrollar el proceso judicial al interior de la corporación”.

Según Jaime Córdoba Triviño, expresidente de la Corte Constitucional, la comunicación hecha por el Tribunal es de carácter obligatorio y debe obedecerse a cabalidad, ya que está contenido en el marco de una decisión judicial y su no cumplimiento daría lugar a un incidente de desacato.

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