Una semana después de la masacre de trece personas en los disturbios del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, no se ha hecho justicia. No se han abierto investigaciones contra la policía por el uso abusivo de armas de fuego y la violación de derechos humanos de varios ciudadanos y ciudadanas. Hoy, a pesar de la existencia de material probatorio (videos y testimonios) que la misma Alcaldía recopiló y envió al Presidente de la República, nadie se ha hecho responsable por lo sucedido. ¿Quién dio la orden? es la pregunta que hoy nos hacemos los colombianos.
La respuesta a este cuestionamiento según La Policía Nacional es que nadie dio dicha orden, que cada policía actuó espontáneamente. Esta respuesta no es satisfactoria, pues solo la daría una institución irresponsable que no puede controlar a sus miembros. La policía es entonces una institución acéfala que, mírese por el lado que sea, necesita una reforma que contemple los alcances del fuero y la justicia penal militar frente a los casos de abuso policial, violaciones sexuales, extorsiones, atracos, asesinatos como el de Javier Ordoñez y masacres como la de las trece personas.
Si la justicia penal militar fuera efectiva, los miembros de las fuerzas públicas y militares lo pensarían dos veces antes de cometer delitos. Los patrulleros sabrían que, si abusan de la fuerza y de las armas de dotación, serían judicializados. Pero no, aquí ni la policía ni el ejército tienen temor a la justicia. Bien lo dijo María Jimena Duzán en su última columna: “los policías se sienten protegidos por la impunidad (…), los policías que actuaron como asesinos y mataron a Ordóñez lo hicieron a sabiendas de que la institución no les iba a pedir cuentas”.
Lo sucedido el 9 y 10 de septiembre hace que los ciudadanos pensemos que en Colombia no hay garantías democráticas. Hemos perdido la confianza en las instituciones, y cómo confiar en ellos cuando después de una masacre perpetrada por la misma Policía Nacional vemos al presidente respaldando la violación de derechos humanos y felicitando públicamente a la institución con la frase: “Tenemos que reconocer y aplaudir la labor de la Policía”.
Una labor que consiste en disparar a mansalva a quienes se manifiestan públicamente, hostigar a los ciudadanos persiguiéndonos hasta sus viviendas y rompiéndoles sus vidrios. La noche del 9 de septiembre los policías disparaban al aire y le apuntaban a cualquier persona sin mediar palabra. Me pregunto, ¿cómo explicará la institución que uno de sus agentes asesinó a un joven con un tiro en la frente?
La justicia que el Gobierno está haciendo es inversa. En vez de abrir una investigación a toda la institución policial, el 13 de septiembre la Fiscalía Local 153 ordenó identificar a todas las personas que entraron y salieron de urgencias entre el 9 y 11 de septiembre, y que tenían heridas de arma de fuego, arma blanca o elementos contundentes. Parece que quieren señalar como sospechosos de “vandalismo” a los heridos.
Como resultado de estas investigaciones, el viernes 18 de septiembre el presidente anunció la captura de varios “terroristas urbanos que estuvieron detrás de promover la destrucción de infraestructura, y de hacer ataques sistemáticos contra la fuerza pública”. Duque habló de “terroristas urbanos”, haciendo referencia al ELN y sus disidencias, argumento que está completamente fuera de lugar, pues según algunos analistas políticos, el ELN en la actualidad no tiene la capacidad de quemar 60 CAI en simultáneo.
Con respecto a la postura del Gobierno, solo se puede pensar que no existe voluntad para hacer justicia, pues ante esta grave situación se concentró en confundir a la opinión pública al mejor estilo del Centro Democrático, manejando un discurso de odio emitido por redes sociales y noticieros nacionales.
En Colombia tenemos un Gobierno que protege la injusticia, que esconde asesinos y violadores de derechos humanos al interior de sus instituciones, y no garantiza el ejercicio de derechos democráticos como el de la protesta. En nuestro país caminamos hacia una dictadura y sí lo sabemos.
