Colombia es uno de los países donde más niños y niñas son asesinados. Según el informe anual de la organización Save the Children, en el 2019 los índices de violencia contra la población infantil crecieron. Somos el segundo país en Latinoamérica y el Caribe donde más homicidios en contra de menores de dieciocho años se cometen. Los niños y niñas han sido uno de los grupos más afectados por los diferentes tipos de violencias que vivimos en el territorio nacional. Ellos han quedado en medio del fuego cruzado (literal), siendo víctimas de todos los grupos armados.
Como si lo anterior no fuera ya terrible, los problemas de los niños crecen al ser instrumentalizados en épocas electorales. Cada cuatro años los políticos juegan con las necesidades y esperanzas de ellos. Se apropian de la bandera defensora de los derechos de la niñez con el fin de adquirir beneficios políticos, para luego dejarlos en el olvido. Un claro y reciente ejemplo fue la campaña «Duque presidente» en el 2018, cuando se jactaron de ser defensores de los derechos de los niños; sin embargo, su activismo fue limitado y apenas llegó a la protección de los derechos de sus niños, cuestión que explica bien Daniel Samper Pizano en la columna nuestros niños y otros niños publicada en el portal Los Danieles el 12 de julio.
En la campaña Duque presidente los sectores de derecha, dotados de habilidades sólidas y tradicionales heredadas de la familia, exaltaban su intachable moral e insuperable capacidad para educar y cuidar a quienes llamaron: nuestros niños. Esos que no sabemos exactamente quiénes son, pero intuyo que no están incluidos niños indígenas, negros o pobres. Para los sectores de derecha radical existen niños de primera y de segunda categoría, y ambos grupos son instrumentalizados.
Los niños de primera los usan sus padres para justificar ante la opinión pública omisiones legales. Recordemos el viaje familiar que hizo el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en medio de la pandemia, el cual justificó con el ya célebre: “Si el objetivo es apedrearme por llevar a mi hija, recibo las piedras”.
Los niños de segunda son, en cambio, instrumentalizados en elecciones. Los usan como protagonistas de los discursos populistas, en donde les hacen creer que importan y que son sujetos de derechos. Pero la realidad es otra, los niños de segunda son los olvidados, son a quienes se les justifica la muerte, son los que “no estarían recogiendo café”, y por eso los desaparecieron. Son siete niños que asesinan en un bombardeo. Es un bebé hijo de firmantes de paz, víctima de sicarios. Son dos niños indígenas que fueron a llevar la tarea al colegio y les dispararon. Son cinco niños afro que salieron a jugar en Cali y que aparecieron muertos dentro de un cañaduzal. Son niños a los que les quitan los brazos por ser homosexuales. Esto parece irreal, llena el corazón de una profunda tristeza.
Entre todas las cosas que ha hecho mal este gobierno, también me refiero al de Uribe, lo peor ha sido su incapacidad para proteger a los niños más vulnerables y que han estado a merced de la violencia. A estos niños no se les garantizó derechos, se les segregó, se les invisibilizó, se les llevó a convertirse en niños de segundo nivel que no fueron merecedores de recursos del Estado para su educación, salud y bienestar. Solo cuando estuvieron muertos fueron motivo de recursos económicos. Hoy estos niños son cien o doscientos millones de pesos de una recompensa.
Mientras escribo estas últimas líneas una nueva masacre se registra. En la noche del sábado asesinaron a nueve jóvenes en Nariño y no se sabe nada, nadie vio nada. Recuerdo los niños y jóvenes desaparecidos en el primer gobierno de Uribe. ¿Será que el retroceso es tan grande que volvimos al 2002?
