Este martes en el Senado de la República se aprobó el artículo que determina la suspensión de la Ley de Garantías, el cual estaba presente en el presupuesto para el 2022 impulsado desde el gobierno. Se concretó la suspensión de esta ley a través de la aprobación del artículo 125 con el cual se elimina el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías.
Este era uno de los artículos más polémicos contenidos en este proyecto del presupuesto general para la vigencia del próximo año. Este había generado reacciones negativas desde diferentes sectores de la política y de la ciudadanía colombiana en general, qué inicialmente rechazaron esta iniciativa al considerarla innecesaria de cara a los próximos comicios que se realizarán en Colombia el próximo año.
La discusión del proyecto de ley del presupuesto para el año 2022 se aprobó en el Senado con 54 votos a favor y 30 en contra de suspender la ley de garantías, la cual tenía como fin evitar que los recursos públicos fueran utilizados de manera previa a las próximas elecciones por los políticos para hacer campaña.
La propuesta de echar para atrás esta ley causó gran polémica entre los congresistas, pues los defensores de la medida se escudaron con que el artículo 125 de la ley de presupuesto era una forma de impulsar a la reactivación económica del país, mientras que los opositores advirtieron acerca de la quita de blindaje para procesos de contratación que podrían ser utilizados para financiar favores políticos en épocas pre electorales.
Ante la aprobación de esta, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro se ha manifestado al respecto y dijo, “las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.
El también precandidato presidencial Rodrigo Lara manifestó que “el gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El Gobierno será recordado por este hito infame”. Lara anunció que esta aprobación será demanda ante la Corte Constitucional.
La representante Katherine Miranda ha manifestado su inconformidad con esta decisión y la calificó como, “un golpe duro a nuestra frágil democracia y a la transparencia de las elecciones del próximo año”. La congresista también señaló que no es posible que el Congreso “haya aprobado un orangután que permita la utilización de los recursos públicos para que se realice fraude contractual y electoral en Colombia”, Miranda también aseguró que acudirá ante la Corte para que se caiga este artículo.
El representante Germán Navas, por su parte advirtió que esto se puede tratar de un prevaricato tras la aprobación del artículo 125, “Para mí lo que se va a cometer hoy en este articulo 125 es un delito de prevaricato. Ustedes ya tienen ciencia y conciencia de que eta disposición se aprobó a través de una ley estatutaria. Ustedes no pueden derogar una estatutaria con una ordinaria (…) se demostró en la Corte que cuando el sujeto se vale de su posición para violar abiertamente a la ley como ellos no cabe la inviolabilidad (…)”, manifestó.
