Una investigación realizada por la Fiscalía determinó que los menores fueron alimentados con carne de baja calidad e infestada de químicos.

Un aberrante caso de corrupción fue descubierto recientemente por miembros del equipo de investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes determinaron que, dentro de los alimentos distribuidos por el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad de Bucaramanga, se les diera de comer a los estudiantes carne de burro, la cual era sometida a un cambio en su composición por medio de químicos para hacerla pasar como carne de res corriente.

El responsable sería Fernando Trujillo Gómez, alias ‘El Padrino’ o ‘El Gemelo’, quien se encargó de la venta de la carne para el consumo de miles de niños en la zona metropolitana. Según la información suministrada por la PAE, el hombre fue proveedor de la entidad durante varios meses, haciendo entrega de carne equina que, él mismo, se encargó de modificar para ser usada como alimentación para los estudiantes, lo cual pudo haber generado lamentables secuelas en los niños.

La información fue compartida por Ángela Andrea Chacón, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dentro de la Fiscalía, señalando cómo el comportamiento de alias ‘El Padrino’ puso en peligro la vida de miles de niños que recibieron la alimentación dentro del área metropolitana de la ciudad, además del fraude del que fueron víctimas las autoridades.

Según información publicada por Caracol Radio, las ganancias obtenidas por Trujillo Gómez por la venta de la carne de baja calidad fueron superiores a los 500 millones de pesos, debido a la cantidad de carne de la que hacía entrega a la semana, durante los casi 16 meses que trabajó entre 2018 y 2019. «A la semana se vendían entre dos y tres toneladas de este alimento que era consumido por los niños y niñas de colegios oficiales del Área Metropolitana de Bucaramanga», señaló Caracol.

La información fue lograda gracias a la investigación que lideró la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en conjunto con miembros de la Policía Nacional, quienes determinaron la forma en que Trujillo, junto con otros socios, compraban los caballos y burros, la mayoría enfermos o muertos, en la Costa Caribe, para luego sacrificarlos, hacer el proceso químico y distribuirlo entre los colegios. Vea aquí la fuente de la noticia.